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¡Que alguien nos proteja de la discapacidad!

Está visto que en esto de normalizar

 la discapacidad vamos un pasito para adelante y un pasito para atrás. Ahora se le ha ocurrido intervenir a la DGT, y no se trata de la Dirección General de Trabajo para mejorar el cumplimiento de la LISMI. Se trata de la Dirección General de Tráfico y tampoco lo hace para facilitar la vida de las personas con discapacidad, sino para proteger a la ciudadanía de las personas que necesitan la ayuda de un vehículo motorizado para sus desplazamientos habituales.

Parece una broma, pero no lo es. La instrucción 16/V-124 de la Subdirección General de Gestión de la Movilidad de la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, se dedica a librarnos de los riesgos que, para la seguridad vial, entrañan los vehículos de movilidad personal (VMP). Según este documento, el lugar natural por el que deben circular esta suerte de artefactos no es otro que la calzada, salvo que disponga lo contrario el municipio en cuestión.

Y no es que no existan problemas derivados de un uso inapropiado de estos VMP, que los hay, pero no alcanzo a entender que la solución pase por la segregación de quien se ve obligado a recurrir a estas ayudas para moverse con libertad. Una sociedad inclusiva pasa por favorecer la convivencia de quienes se mueven caminando y quienes lo hacen auxiliados por estos benditos ingenios, no por castigar a los diferentes para proteger a los normales. ¿Han pensado que una persona con movilidad reducida también tiene derecho a pasear con su pareja o sus hijos?

Desafortunadamente estamos acostumbrados a este tipo de medidas. Es común castigar a la gente de bien por el abuso de algunos. Como un imprudente quemó el bosque en Guadalajara hace unos años, el resto tiene prohibido hacer barbacoas en verano; como algunos hicieron mal uso de las subvenciones para enriquecerse, acabamos con las subvenciones; como algunos no pagan IVA, subimos el tipo a todos para alcanzar la recaudación necesaria. A falta de soluciones, ponemos parches.

Menos mal que en España las normas generalmente se incumplen sistemáticamente y en la práctica nada o muy poco habrá de cambiar al respecto, pero parece que en lugar de avanzar, retrocedemos.

El largo camino de la responsabilidad social

Hace unos días asistí a un foro en el que se hablaba de rentabilidad social y compatibilidad o no con la rentabilidad financiera en las empresas. No se trata de un planteamiento nuevo, más bien es una formulación retórica entre la comunidad empresarial que ocupa posiciones de liderazgo. Ahora bien –y me quedó muy claro-, todavía existe mucho despiste y mucho camino por andar.

El marco era el plenario de Focus Pyme y Emprendimiento, un encuentro de carácter autonómico que en esta ocasión recalaba en Alicante; en la mesa (más bien en las sillas), algún político, algún periodista estrella internacional en diferido, algún economista español de éxito mediático, una líder europea del asociacionismo para el desarrollo regional y un empresario, Adolfo Utor,  presidente de Baleària; moderando, la extraordinaria periodista Lola Torrent.

Por la parte política se ensalzó -hasta el punto de confundir al auditorio- la economía social, el cooperativismo, dando a entender que era casi la única fórmula de responsabilidad social. El protagonista, no obstante, era Adolfo Utor, que mostró, desde una convicción convincente, que la rentabilidad financiera no era el parámetro que describía el éxito de su compañía, sino que debía ir acompañada de la mejora ambiental y social. La responsabilidad social es parte del modelo de negocio, condición sine qua non. Con tanta pasión se expresó, que el economista mediático, en su incredulidad, llegó a plantearse si tan clara postura se mantendría en caso de temblara la cuenta de resultados unos trimestres. Lamentablemente esa es la posición de muchos, creer que es un extra, un no saber qué hacer con el dinero que sobra mientras sobra.

Camino a casa, me traje algunas reflexiones:

  1. Ya es hora de asumir que la rentabilidad, o es sostenible y social, o no es tal. De hecho, una rentabilidad económica que no considere la parte social o ambiental sólo puede denominarse enriquecimiento especulativo. Ya aprendimos que eso tiene efectos muy nocivos para todos.
  2. Si las empresas más potentes en el ámbito internacional y español, además de generar riqueza económica suman también valor ambiental y social, debe ser que es positivo para la compañía. ¿Por qué somos capaces de imitar sus estrategias de marketing y no las de responsabilidad social si lo que queremos es alcanzar sus éxitos?
  3. Ya está bien de identificar responsabilidad social con filantropía o bonhomía. Gastar unos cuartos en hacer una gala benéfica no es malo, pero no tiene (casi) nada que ver con esto. Si contamino el mar y luego hago una donación para paliar el hambre de los pescadores será una broma de mal gusto, no responsabilidad social. Esto ha de estar en la estrategia de cada empresa, no en el corazón del empresario.
  4. Para que esta cuestión llegue a las pymes, hace falta que el empresariado cuente con estructuras y presupuesto que permitan avanzar hacia un modelo económico basado en la sostenibilidad. Es una inversión rentable, pero está fuera del alcance de los pequeños sin el empujón necesario.
  5. El consumidor también debe madurar. Hay que conseguir que se diferencie un producto o servicio de otro por lo que tiene detrás. Compramos mirando sólo el precio, pero luego nos quejamos de que tenemos salarios bajos. Informémonos y pongamos límites.

Mi impresión es que el camino es largo, pero va en la dirección correcta. Lo que no me esperaba después de diez años trabajando en responsabilidad social es que el patio estuviera tan verde. Habrá que seguir predicando.