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El momento de la responsabilidad social en las pymes ha llegado

La responsabilidad social para las empresas es cada vez menos la guinda del pastel y más una forma de hacer que está integrada en la estrategia. Aumenta el número de compañías que son conscientes de los impactos (sobre todo los positivos) que son capaces de generar, que se preocupan por conocer y superar las expectativas de sus grupos de interés e incluso miden e impulsan su contribución a la solución de los retos globales. Se trata sin duda de valores añadidos para una organización, con repercusiones evidentes en la mejora de la competitividad.

Las empresas grandes lo tienen asumido. Un reciente informe de KPMG sobre reporting en sostenibilidad pone de relieve que el 87% de las firmas con mayor facturación en España publica memorias de sostenibilidad, en las que abordan entre otras materias su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) o la lucha contra el cambio climático. Pero además incluyen información no financiera con capacidad de incidir en los resultados de las compañías, de generar impactos que deben ser conocidos por los accionistas y el resto de partes interesadas. Se da cuenta en estos informes de los mecanismos de transparencia, gobernanza y desempeño ético. Son aspectos esenciales que forman parte de la estrategia y tienen por tanto su correlato en la gestión.

Se constata pues que la responsabilidad social se aleja del rancio enfoque penitencial por el cual la empresa obtiene sus beneficios de la explotación de recursos, medios y personas y asume la obligación moral de devolver una parte de los mismos a la sociedad -quizás para expiar algún pecado inconfesable-.

Hace unos días Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, la mayor gestora de fondos del mundo, confirmaba el valor tangible y estratégico de la responsabilidad social en las empresas en su carta anual a los directivos de las grandes corporaciones. Fink afirma que “Para prosperar a lo largo del tiempo, las compañías deberán no sólo generar rentabilidad financiera, sino también demostrar cómo contribuyen de forma positiva a la sociedad. Las empresas deben beneficiar a todas las partes interesadas, lo que incluye a los accionistas, a los empleados, a los clientes y a las comunidades en las que operan.”

Aboga además por un modelo de gobernanza participativo, apoyado en un diálogo abierto y permanente con los grupos de interés.

La otra parte de la realidad empresarial, la de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen la verdadera esencia de nuestro modelo productivo, se enfrenta a los mismos retos que sus hermanas mayores y aunque en este caso la implantación de la responsabilidad social es menos formal y seguramente menos numerosa, es igual de necesaria en una estrategia de negocio a medio y largo plazo.

Ha llegado el momento de afrontar el reto de incorporar la responsabilidad social a las empresas familiares, a los pequeños negocios, organizaciones modestas en recursos pero que generan la mayor parte de riqueza, empleo y bienestar en nuestra sociedad.

Existen conocimientos, metodologías y profesionales especializados capaces de llevar a cabo una aplicación escalar de los principios de la responsabilidad social a este numerosísimo colectivo. Es posible y necesario integrar de manera efectiva la sostenibilidad en cada pyme, incorporar con éxito los valores y principios que demanda la ciudadanía y mejorar su desempeño ético, económico, social, ambiental o laboral.

Como ante desafíos similares que hemos vivido en el pasado, los organismos internacionales, la comunidad científica, así como los analistas y expertos más reconocidos coinciden en el diagnóstico y también en las recomendaciones. Hay además numerosos ejemplos de éxito empresarial cimentados en comportamientos socialmente responsables, también entre las pequeñas organizaciones y en la provincia de Alicante.

Cada empresa debe reflexionar sobre el papel que juega en la comunidad, el valor de la diversidad, la integración y la igualdad de oportunidades puertas adentro, la relación del negocio con el medio natural y el clima, o cómo aplicar los valores éticos a sus procesos y relaciones.

No se trata de mutar de manera súbita como el simio de Kubrick que empuña el hueso tras recibir la gracia del misterioso monolito, sino trascender la mirada miope que tan solo alcanza los resultados económicos, abrir el foco, ampliar la panorámica, asumir el papel de la empresa dentro de su entorno social y ambiental y alinear sus proyectos con esos objetivos compartidos.

¡Que alguien nos proteja de la discapacidad!

Está visto que en esto de normalizar

 la discapacidad vamos un pasito para adelante y un pasito para atrás. Ahora se le ha ocurrido intervenir a la DGT, y no se trata de la Dirección General de Trabajo para mejorar el cumplimiento de la LISMI. Se trata de la Dirección General de Tráfico y tampoco lo hace para facilitar la vida de las personas con discapacidad, sino para proteger a la ciudadanía de las personas que necesitan la ayuda de un vehículo motorizado para sus desplazamientos habituales.

Parece una broma, pero no lo es. La instrucción 16/V-124 de la Subdirección General de Gestión de la Movilidad de la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, se dedica a librarnos de los riesgos que, para la seguridad vial, entrañan los vehículos de movilidad personal (VMP). Según este documento, el lugar natural por el que deben circular esta suerte de artefactos no es otro que la calzada, salvo que disponga lo contrario el municipio en cuestión.

Y no es que no existan problemas derivados de un uso inapropiado de estos VMP, que los hay, pero no alcanzo a entender que la solución pase por la segregación de quien se ve obligado a recurrir a estas ayudas para moverse con libertad. Una sociedad inclusiva pasa por favorecer la convivencia de quienes se mueven caminando y quienes lo hacen auxiliados por estos benditos ingenios, no por castigar a los diferentes para proteger a los normales. ¿Han pensado que una persona con movilidad reducida también tiene derecho a pasear con su pareja o sus hijos?

Desafortunadamente estamos acostumbrados a este tipo de medidas. Es común castigar a la gente de bien por el abuso de algunos. Como un imprudente quemó el bosque en Guadalajara hace unos años, el resto tiene prohibido hacer barbacoas en verano; como algunos hicieron mal uso de las subvenciones para enriquecerse, acabamos con las subvenciones; como algunos no pagan IVA, subimos el tipo a todos para alcanzar la recaudación necesaria. A falta de soluciones, ponemos parches.

Menos mal que en España las normas generalmente se incumplen sistemáticamente y en la práctica nada o muy poco habrá de cambiar al respecto, pero parece que en lugar de avanzar, retrocedemos.

El largo camino de la responsabilidad social

Hace unos días asistí a un foro en el que se hablaba de rentabilidad social y compatibilidad o no con la rentabilidad financiera en las empresas. No se trata de un planteamiento nuevo, más bien es una formulación retórica entre la comunidad empresarial que ocupa posiciones de liderazgo. Ahora bien –y me quedó muy claro-, todavía existe mucho despiste y mucho camino por andar.

El marco era el plenario de Focus Pyme y Emprendimiento, un encuentro de carácter autonómico que en esta ocasión recalaba en Alicante; en la mesa (más bien en las sillas), algún político, algún periodista estrella internacional en diferido, algún economista español de éxito mediático, una líder europea del asociacionismo para el desarrollo regional y un empresario, Adolfo Utor,  presidente de Baleària; moderando, la extraordinaria periodista Lola Torrent.

Por la parte política se ensalzó -hasta el punto de confundir al auditorio- la economía social, el cooperativismo, dando a entender que era casi la única fórmula de responsabilidad social. El protagonista, no obstante, era Adolfo Utor, que mostró, desde una convicción convincente, que la rentabilidad financiera no era el parámetro que describía el éxito de su compañía, sino que debía ir acompañada de la mejora ambiental y social. La responsabilidad social es parte del modelo de negocio, condición sine qua non. Con tanta pasión se expresó, que el economista mediático, en su incredulidad, llegó a plantearse si tan clara postura se mantendría en caso de temblara la cuenta de resultados unos trimestres. Lamentablemente esa es la posición de muchos, creer que es un extra, un no saber qué hacer con el dinero que sobra mientras sobra.

Camino a casa, me traje algunas reflexiones:

  1. Ya es hora de asumir que la rentabilidad, o es sostenible y social, o no es tal. De hecho, una rentabilidad económica que no considere la parte social o ambiental sólo puede denominarse enriquecimiento especulativo. Ya aprendimos que eso tiene efectos muy nocivos para todos.
  2. Si las empresas más potentes en el ámbito internacional y español, además de generar riqueza económica suman también valor ambiental y social, debe ser que es positivo para la compañía. ¿Por qué somos capaces de imitar sus estrategias de marketing y no las de responsabilidad social si lo que queremos es alcanzar sus éxitos?
  3. Ya está bien de identificar responsabilidad social con filantropía o bonhomía. Gastar unos cuartos en hacer una gala benéfica no es malo, pero no tiene (casi) nada que ver con esto. Si contamino el mar y luego hago una donación para paliar el hambre de los pescadores será una broma de mal gusto, no responsabilidad social. Esto ha de estar en la estrategia de cada empresa, no en el corazón del empresario.
  4. Para que esta cuestión llegue a las pymes, hace falta que el empresariado cuente con estructuras y presupuesto que permitan avanzar hacia un modelo económico basado en la sostenibilidad. Es una inversión rentable, pero está fuera del alcance de los pequeños sin el empujón necesario.
  5. El consumidor también debe madurar. Hay que conseguir que se diferencie un producto o servicio de otro por lo que tiene detrás. Compramos mirando sólo el precio, pero luego nos quejamos de que tenemos salarios bajos. Informémonos y pongamos límites.

Mi impresión es que el camino es largo, pero va en la dirección correcta. Lo que no me esperaba después de diez años trabajando en responsabilidad social es que el patio estuviera tan verde. Habrá que seguir predicando.

A por una Ley de Fomento de la Responsabilidad Social

Está actualmente abierto el proceso de participación en torno a una futura Ley de la Generalitat para el Fomento de la Responsabilidad Social, en el que el punto de partida es un documento borrador que servirá de base para el proyecto de ley que se elevará a las cortes valencianas.

Es sin duda un momento acertado para hacerlo. La economía de guerra a la que han estado sometidas empresas y administraciones y que ha actuado como búnker de aislamiento, deja ya resquicios por donde entra la luz y podemos ver más allá de cuentas de resultado que hincan su flecha en el subsuelo, destrucción de empleo y sálvense quienes puedan.

El papel de las administraciones públicas en el fomento de la responsabilidad social está reconocido en el ámbito de la Unión Europea, así como en la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas y en multitud de publicaciones científicas y de otro tipo. Es bastante completo el informe al respecto que el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa recientemente ha hecho público.

La ciudadanía y la exangüe sociedad civil valenciana tienen la oportunidad de sumarse a este proceso y contribuir a mejorar un borrador que sin duda tiene margen para hacerlo. Una norma de estas características puede convertirse en un valioso instrumento para la mejora de la competitividad si se alcanza el consenso y equilibrio necesarios, si pisa suelo y se ajusta a la realidad productiva y social de la Comunitat. No se trata de imponer un modelo de empresa, pero sí de estimular la apuesta estratégica por la mejora económica, social y ambiental. En nuestro caso, además, este texto afronta el reto de poder convertirse en la primera norma sobre la materia que alcance una utilidad real, habida cuenta de los fallidos intentos anteriores. Ánimo pues a todos, promotores y administrados. Nos va mucho en ello.

Seguridad y salud en el trabajo en campaña

En poco más una semana los españoles tenemos una nueva cita con las urnas. Decidiremos nuestros representantes políticos para un periodo de cuatro años, en los que la economía ha de despegar definitivamente para dejar atrás la crisis y afrontar con garantías de éxito los retos que tenemos todavía pendientes.

La prevención de riesgos laborales tiene una relevancia indiscutible en el ámbito de la competitividad empresarial, siquiera sea porque cada accidente de trabajo o enfermedad profesional puede traducirse en costes para cada empresa y para el sistema. El coste de la no prevención está estudiado y representa una elevada cifra, además de un verdadero atraso en términos sociales y de sufrimiento humano. Cada accidente actualizado que podría haber sido evitado es un fracaso no sólo en el ámbito de la empresa, sino también colectivo, fruto de la incultura preventiva y la desidia.

Debería pues, en mi opinión, un tema de tanta relevancia (hay que tener presente que en 2015 perdieron la vida 567 trabajadores en España), ocupar una posición estacada en la agenda política y ser objeto de debate y propuesta.

Si analiza

mos los programas electorales de los cuatro principales contendientes en lo tocante a prevención de riesgos laborales, la sensación es que, en general, este tema no se sitúa en el topten de las prioridades políticas. Más bien parece tratarse de un ámbito sin naturaleza propia, en el que se plasman algunos de los posicionamientos ideológicos importados del mundo de lo social o sanitario, pero que no entran a mi parecer en los verdaderos y preocupantes retos que enfrentamos en seguridad y salud en el trabajo.

Para el partido todavía en el gobierno, la preocupación estriba en poner en marcha estrategias de seguridad y salud para asegurar la permanencia en activo de las personas de mayor edad, es decir, mantener la capacidad de producir de una población trabajadora crecientemente envejecida. Igualmente hay una mención a la movilidad sostenible.

El hasta ahora principal partido de la oposición se compromete a desarrollar la normativa de salud laboral y crear los dispositivos necesarios en todos los niveles del Sistema Nacional de Salud, contribuyendo así a fortalecer las intervenciones preventivas de detección de riesgos laborales y de promoción de la salud en el lugar de trabajo. Se compromete además a elaborar un Plan con medidas concretas para la integración real de la prevención, fomentando un clima psicosocial beneficioso y luchando contra cualquier tipo de acoso, laboral o sexual. Se fija como objetivo potenciar la integración de la prevención en la empresa y facilitar la existencia de servicios de prevención propios. En una legislatura aspira a que todas las empresas de más de 100 trabajadores tengan integrada la prevención (entiendo que a través de SPP).

Para Ciudadanos la única referencia a la seguridad y salud se encuentra en la intención de establecer medidas para reducir la siniestralidad laboral y los accidentes de la flota.

Unidos Podemos no cuenta con medidas concretas en esta materia, pero las principales formaciones que la integran, Podemos e Izquierda Unida, sí lo hacen en sus respectivos programas.

Podemos hace una propuesta de programas de envejecimiento activo y saludable que incluya actividades en las empresas de dos a tres días por semana (por ejemplo, actividades de bajo impacto o adaptadas, como taichí en el parque, danzas populares o juegos tradicionales).

Izquierda Unida reivindica la participación de los sindicatos efectiva y especialmente cuidadosa en salud laboral, entre otras así como la necesidad de promover la investigación en la materia.

También realiza una propuesta para que la salud laboral quede integrada en el ámbito público, al servicio del trabajador, no del empresario. Igualmente apuesta por introducir la perspectiva de género y clase social en el análisis de riesgos de seguridad, higiene, ergonómicas y psicosociales en salud laboral.

¡Sacad vuestras propias conclusiones!

Prevención de riesgos laborales y multidisciplinariedad

Hace unos días, Emilio Castejón reflexionaba en su blog Entre sin llamar acerca de la nota informativa sobre el ingreso en la escala de seguridad y salud del cuerpo de subinspectores laborales, por el sistema de acceso libre que ha emitido la Dirección General de la ITSS. Según advierte esta nota, no podrán optar a un puesto como subinspector quienes tengan una formación universitaria de letras, aunque posean titulación como técnicos superiores en prevención de riesgos laborales o incluso sean doctores en la materia.

Se trata indudablemente de una restricción que carece de fundamento, más allá de alinearse con el stablishment de los poderosos colegios de ingenieros y de algunas ramas sanitarias, que han hecho valer en más de una ocasión su fuerza e influencia.

Cualquiera que sepa algo de prevención de riesgos laborales será capaz de reconocer que se trata, por naturaleza, de una materia necesariamente multidisciplinar. La etiología de los accidentes y enfermedades que se han de evitar sitúa al trabajador en interacción con una amplia y diversa serie de factores de riesgo que hay que conocer y tratar de someter. Es cierto que cada titulación de base puede proporcionar ventajas a la hora de identificar o proponer soluciones a problemas de seguridad, higiene, ergonomía, psicosociología o medicina del trabajo, de la misma forma que pueden representar un hándicap en otros casos, ya que, por ejemplo, algunas titulaciones ingenieriles resultan del todo ajenas al ámbito de la psicosociología, la medicina del trabajo o la organización de los recursos humanos. Afortunadamente en modo alguno resulta esto un obstáculo insalvable. Tras veinte años experiencia formativa, los másteres que otorgan a quienes superan las preceptivas pruebas la capacitación para el ejercicio de las funciones de nivel superior, validados por las autoridades laborales y universitarias, cumplen con todos los requisitos legales. No se trata de una capacitación sobre el papel. Las muchas horas de formación que hay detrás del diploma proporcionan conocimientos, técnicas, métodos, teóricos y prácticos, para enfrentar la tarea de evitar daños a los trabajadores. Luego habrá egresados brillantes, zotes, mediocres o lúcidos, pero para eso está el proceso de selección, digo yo. Las funciones de nivel superior no tienen límite per se ¿por qué se permite pues esta discrecionalidad?

Más bien parece que admitimos pulpo si se trata de ganar dinero con la formación, pero no si se trata de asignar responsabilidades a titulados de segunda. Un despropósito, sin paliativos.

Seguridad y salud con premio

En las empresas se vive intensamente el día a día y no siempre queda tiempo para todo aquello que no es urgente o que no forma parte de la parte esencial de negocio: compras, producción o ventas.

El ámbito de la prevención de riesgos laborales planea sobre todas las áreas funcionales de la empresa,

pero por lo general no se trata de una cuestión estratégica ­–lo que representa un error notable-. En cambio, hay empresas y organizaciones que apuestan por la seguridad y salud de sus trabajadores, por conseguir entornos de trabajo seguros y saludables.

Las ventajas de hacerlo son múltiples y conocidas. Desde las puramente reactivas –nos evitamos problemas- hasta las que se basan en aprovechar las oportunidades económicas, sociales y estratégicas de una adecuada gestión de la prevención de riesgos laborales.

En esta última línea, quienes han avanzado en el bienestar laboral pueden llegar a ser premiados por ello.  Hay convocatorias abiertas a las que podemos presentar nuestra candidatura y optar así a ser reconocidos. No se trata de lograr un incentivo económico directo, pues en la mayoría de los casos no existe recompensa en dinero, sino de poder unir ante clientes, proveedores y la sociedad en su conjunto, nuestro nombre al del compromiso con la seguridad y salud en el trabajo.

Ahora están abiertas las convocatorias de los Premios Prevencionar así como los Galardones Europeos a las Buenas Prácticas. Si tu empresa merece un premio, no dejes de participar. Si no tienes experiencia pero quieres contar con una buena candidatura, podemos ayudarte.

¿Integrar la prevención es asumir la actividad preventiva?

A estas alturas, resulta demagógico pretender que la integración de la prevención en la empresa se ha de identificar con la necesaria asunción de la actividad preventiva por parte del empresario o trabajadores designados.

El Congreso, en c

oncreto su Comisión de Empleo y Seguridad Social, llevó hace menos de un mes un debate sobre esta cuestión a cuenta de una proposición no de ley presentada por el PSOE. Esta iniciativa insta al Gobierno a modificar la legislación para potenciar los medios propios frente a los servicios de prevención ajenos. Las intervenciones a este respecto, a mi modo de ver, cayeron en el maniqueísmo. Las posiciones de nuestros representantes fueron desde una escorada atribución de todos los males a una equivocada e interesada acción de gobierno contra los trabajadores al negacionismo de otros ─todo está bien─ e incluso a identificar el problema en la inapropiada localización geográfica de la toma de decisiones. Es justo decir que también hubo intervenciones más ponderadas y que, en prácticamente todos los casos, se apelaba a la necesidad de dotar de mayor protección a la seguridad y salud de los trabajadores.

Las buenas intenciones, por el contrario, no evitan accidentes ni enfermedades profesionales. En esencia, el marco normativo sobre prevención de riesgos laborales no ha cambiado desde 2004 en lo tocante a obligaciones empresariales y la forma de cumplirlas. Pero mientras que hasta hace un par de años la siniestralidad (índices de incidencia) descendía, ahora aumenta. Sí ha habido no obstante importantes variaciones (a la baja) en la inversión pública en esta materia, sobre todo en las comunidades autónomas y también ha variado la propiedad de una buena parte de los servicios de prevención a consecuencia de la ley de mutuas. También el empleo se ha reactivado, con nuevos trabajadores en nuevos puestos, al tiempo que el sector de la construcción ha comenzado a salir de su obligado letargo.

Desde mi punto de vista, está más que probada la compatibilidad de recurrir a servicios de prevención ajenos con una adecuada integración en la empresa de la seguridad y salud. Al menos, tengo por seguro que la ecuación que combina conocimiento externo y compromiso interno es más eficiente que la que se queda con buena voluntad pero sin conocimiento suficiente ni tiempo material. Eso sí, sigue siendo imprescindible alimentar la llama de la cultura preventiva, que en los últimos tiempos se está quedando sin combustible, y a ese respecto, la mejor receta es poner dinero encima de la mesa, creerse aquello de que invertir en prevención es rentable. Ya funcionó.