Tu navegador (Internet Explorer 7 o anterior) está obsoleto. Tiene fallas de seguridad y no puede mostrar todas las características de este y otros sitios web. Aprende a actualizar su navegador.

X

Navegar / buscar

¿El empresario asumiendo la prevención en empresas de hasta 25 trabajadores? 10 razones por las que no estoy de acuerdo

Estos días voy de la perplejidad a la estupefacción ante la expectativa más que probable de que las empresas de hasta veinticinco trabajadores que cuenten con un único centro de trabajo puedan optar por la asunción por parte del empresario como modalidad organizativa en materia de prevención de riesgos laborales.

Por al menos diez razones estoy en desacuerdo:

  1. El criterio del número de trabajadores no es un criterio preventivo. Es cierto que la micropyme en sectores de bajo riesgo no suele contar con grandes complejidades, pero un centro con veintitrés trabajadores puede reunir una colección de situaciones de riesgo cuya peligrosidad sea, proporcionalmente, mucho mayor que la existente en una empresa de ochenta y cuatro. Por eso prevalece en la normativa la diferenciación  entre las empresas en atención a la actividad que se desarrollan.
  2. El actual sistema de gestión preventiva ha llevado a una reducción sistemática de los accidentes de trabajo con baja y los índices de incidencia en el conjunto del Estado desde hace una docena de años, lo que nos ha permitido equipararnos a nuestros vecinos europeos más avanzados. Una transformación como ésta representa un riesgo notable. Es como si para conducir automóviles fuera suficiente ahora una licencia de ciclomotor.
  3. No existe ningún informe conocido que avale esta propuesta. Se trata de una apuesta basada en un supuesto ahorro de costes por reducción de cargas administrativas. Si el axioma que afirma que invertir en prevención es rentable, predicado por todos (Administración incluida), calculado y demostrado científicamente, no es cierto, habrían de probarlo y darlo a conocer.
  4. No se ha sometido a debate ni análisis por parte de las partes interesadas. Hemos de recordar que el artículo 12 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales reconoce como principio básico de la política en la materia La participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en la planificación, programación, organización y control de la gestión relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo”. Asimismo en el siguiente artículo atribuye a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo la labor de “órgano colegiado asesor de las Administraciones públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud en el trabajo”. Pues bien, en este caso la idea surge del ejecutivo sin proceso de debate previo y al margen de cualquier negociación.
  5. Evaluar los riesgos de los puestos de trabajo (de seguridad, ergonomía, psicosociología aplicada e higiene industrial), planificar medidas preventivas para su eliminación o control, investigar accidentes, etc., por parte del empresario requerirá, si se emplea un criterio coherente, una capacitación de nivel intermedio o superior, lo que dificulta que puedan acogerse a esta alternativa de manera general.
  6. Desde la aparición de la Ley 31/1995 se han formado técnicos intermedios, superiores de riesgos profesionales y superiores de riesgos laborales que han permitido, con su trabajo en servicios de prevención, mejorar las condiciones de trabajo de las empresas españolas de manera notable. Si este modelo se sustituye por un “hágalo usted mismo” a través de formularios estándar, el progreso se estancará y el retroceso será inevitable.
  7. El sistema que sustituye al trabajo profesional se basa en la autogestión a través de la herramienta web denominada Prevención 10 (luego imagino será Prevención 25). Es probable que se trate de la iniciativa con menor éxito de las lanzadas por la Administración en materia de prevención de riesgos laborales. Son muy pocas las empresas que se han aventurado a incorporarse al programa, es compleja y da pie a que surjan oportunistas que devalúen la gestión preventiva con fórmulas de colaboración al margen de la ley que invitan a la empresa a un cumplimiento sobre el papel.
  8. Si se quería simplificar y abaratar la gestión preventiva para las pymes se podría  haber optado por mejorar los textos legales en la línea de lo previsto en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para su aplicación en pymes, de forma que los profesionales cualificados pudiesen realizar un trabajo proporcionado a cada situación que permitiera reducir los costes de los conciertos. Siempre se ha criticado que la misma metodología sirviera para una factoría y para un estanco, pero no parece sensato que esto acabe en que el trabajador de la gran industria tenga prevención de riesgos y el del taller pequeño no.
  9. Ya se podía “reducir la carga administrativa” actualmente, a través de trabajadores designados que gestionaran la prevención con recursos propios. Esta opción no ha tenido mayor éxito, pues los trabajadores designados, por normativa, “deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores y su distribución en la misma”. Parece que esos requisitos son ahora secundarios para el caso que el empresario asuma la prevención.
  10. La modalidad propuesta lleva al cumplimiento meramente formal que denostaba la Ley 54/2003 en su exposición de motivos, puesto que no hay en España empresario con 25 trabajadores que disponga simultáneamente del tiempo y los conocimientos suficientes para poner en marcha y llevar a cabo un sistema coherente de prevención de riesgos laborales. En un tema sensible como es la prevención de riesgos laborales, en el que está en juego la seguridad y salud de los trabajadores, en el que existen graves responsabilidades para el empresario y en el que operan entidades especializadas y profesionales cualificados, me parece un atrevimiento promover una amnistía con trampa que puede abaratar inicialmente gastos pero a medio plazo suponer un sobrecoste económico y en vidas humanas.

Comentarios

Pedro
Respuesta

Totalmente de acuerdo.

Dejar un comentario

nombre

correo electrónico (no publicado)

sitio web