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Estrategia Española de Seguridad y Salud 2007-2012, luces y sombras

En unos meses concluye la vigencia de la única estrategia que, sobre seguridad y salud, ha tenido España. Llegó en un momento clave, pues la siniestralidad se reducía, pero todos éramos conscientes de que la integración de la prevención en las empresas era mejorable y el recurso sistemático y casi exclusivo a la externalización cerraba con la firma del contrato la puerta a una gestión responsable de la seguridad y salud. Del mismo modo, la organización de los recursos públicos y el papel de los agentes económicos y sociales en la mejora de la gestión preventiva atravesaban un momento de definición y consolidación.

Esta estrategia, diseñada tomando en consideración los principios de la Estrategia Europea, fue abordada en el marco del diálogo social y, tras no pocas deliberaciones, fue aprobada desde el consenso. El propio proceso de negociación y las particularidades de cada grupo representado dejaron su impronta en un documento final cuyas directrices iban encaminadas a mejoras sistémicas que se traducirían en mejores condiciones de trabajo.

En la práctica, a lo largo de estos años, se ha logrado cumplir los dos objetivos generales  de la estrategia: “por un lado, reducir de manera constante y significativa la siniestralidad laboral y acercarnos con ello a los valores medios de la Unión Europea; de otro, mejorar de forma continua y progresiva los niveles de seguridad y salud en el trabajo”. Por tanto, cabe decir que ha resultado acertado el planteamiento general, las medidas diseñadas al efecto y la puesta en práctica de las mismas. La sociedad española ha vivido una verdadera transformación respecto a la consideración de la prevención de riesgos laborales y la necesidad de evitar siniestros laborales.

El ámbito de la formación ha sido uno de los que más ha evolucionado en estos años. Por un lado se ha dado fin al periodo transitorio que se abrió con la aparición de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el que coexistían diversos medios para acreditar la formación básica, intermedia y superior y se ha integrado definitivamente la seguridad y salud en el esquema de formación profesional y universitario. Por otra parte, la formación de puesto de trabajo también se ha clarificado por la vía de los convenios colectivos de carácter sectorial y ámbito nacional. A través de las respectivas fundaciones paritarias han acordado los programas formativos para cada puesto de trabajo en un proceso no exento de polémica que ha acabado por imponerse y que sirve en la práctica como referente para los sectores y actividades que están fuera de este sistema.Resta sin embargo un ajuste fino del engranaje de todos los agentes y planes de formación involucrados en la capacitación de los recursos humanos. Actualmente se presta formación desde la Administración central, la Administración autonómica, los servicios de prevención, las mutuas, los agentes económicos y sociales y entidades formativas diversas.

En mi opinión, esta multilateralidad es positiva y refleja la trasversalidad de la prevención de riesgos laborales, pero es necesario ofrecer a empresas y trabajadores un esquema claro en el que cada parte y cada plan se orienten a cubrir una necesidad específica y se eviten posibles duplicidades.

España es un país de pequeña empresa, mientras que la normativa de prevención de riesgos laborales ha sido diseñada para atender grandes y pequeñas empresas, lo que se ha traducido en una excesiva complejidad para las pyme. La estrategia preveía una simplificación normativa y una atención a las pequeñas empresas que les ayudara a mejorar su cumplimiento. Una parte importante ha salido adelante, con la ampliación de la posibilidad de asunción de la prevención por parte del empresario en empresas de hasta 10 trabajadores o la supresión de la obligación de auditoría y la posibilidad de simplificar su documentación a empresas de hasta 50 trabajadores sin riesgos importantes. Falta por el contrario la guía que explicite la forma de abordar tal simplificación.

Igualmente, los mecanismos establecidos para dar soporte a las pyme desde la Administración no han sido fructíferos. Los planes Prevea y Prevención 10 han obtenido unos resultados discretos, por volumen y por eficiencia. Parecería más sensato haber optado por encomendar  esta función a los agentes especializados en esta labor y dejar para la Administración central una labor de coordinación y control. La proximidad a las pyme y su experiencia en la materia refrendan la idoneidad de los institutos  autonómicos, los propios agentes económicos y sociales e incluso las mutuas.

Una sombra notable en mi opinión es la fórmula arbitrada para estimular la mejora de las condiciones de trabajo por la vía de la bonificación de cotizaciones. El sistema popularmente conocido como “Bonus” cuenta con unos criterios que difícilmente se identifican con una mejora de la prevención en la empresa.  Ningún prevencionista afirmaría que la eficacia de su sistema preventivo se concreta en la puesta en marcha un plan de movilidad vial, la realización de inversiones en la anualidad o la incorporación ese año de nuevos técnicos. Habría sido mucho más sencillo –y acorde con lo redactado en la propia estrategia- objetivar la buena gestión preventiva con la referencia a los índices de incidencia respecto a los de su sector de actividad o su entorno geográfico. Para colmo, la tramitación ha resultado de enorme complejidad técnico-administrativa, de manera que son pocas las empresas que optan por solicitarlo habida cuenta del escaso retorno respecto al esfuerzo realizado.

Ahora nos encontramos ante un panorama empresarial y laboral radicalmente diferente al que viera nacer esa primera estrategia. El documento que ahora se gesta y ha de ver la luz antes de final de año, ha de enfrentar el reto de mantener los niveles de seguridad y salud alcanzados en un entorno de restricciones. Habrá de explorar medidas que incrementen la eficiencia en el uso de los recursos, pero sin pretensiones fuera de la realidad. Sin la suficiente inversión retrocederemos los puestos avanzados frente a nuestro entorno competitivo y habremos dilapidado el patrimonio que hemos ido atesorando en materia de cultura preventiva, medios de protección colectiva e individual y gestión de la prevención.

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