Tu navegador (Internet Explorer 7 o anterior) está obsoleto. Tiene fallas de seguridad y no puede mostrar todas las características de este y otros sitios web. Aprende a actualizar su navegador.

X

Navegar / buscar

La inversión pública en prevención de riesgos laborales es necesaria

 

El pasado 11 de abril, se presentó en el Congreso una proposición no de ley que fue aprobada el 26 de abril por la Comisión de Empleo y Seguridad Social. El texto es breve y con una argumentación sencilla: se insta al Gobierno (se entiende que al que se forme tras las elecciones de 26 de junio) a que incremente los recursos presupuestarios para dedicarlos a la Prevención de Riesgos Laborales, poniendo especial énfasis en las causas que los propician y, en la prevención de los siniestros graves y letales. También a incrementar las partidas dedicadas a planes de prevención en los sectores productivos de alto riesgo y por último a incrementar las plantillas de inspectores e inspectoras de trabajo para aproximarlo a la media de la UE. La motivación se refiere al incremento de la siniestralidad laboral y con la reducción de recursos públicos destinados a prevención de riesgos laborales.

Los que nos dedicamos a la seguridad y salud en el trabajo, somos conocedores de ambas realidades, la siniestralidad laboral crece y los recursos públicos destinados a esta cuestión se han visto notablemente mermados desde el comienzo de la crisis. La relación entre ambos fenómenos no es casual, desde mi punto de vista, sino que una cosa trajo la otra o, al menos, la favoreció sensiblemente.

El debate en la Comisión parlamentaria concluyó con la aprobación de la proposición no de ley, pero merece la pena detenerse en el diario de sesiones del Congreso y leer con atención las intervenciones de sus señorías. Me llama la atención y me preocupa a un tiempo la manera de enfocar la seguridad y salud en el trabajo de nuestros representantes, recuperando una dialéctica de confrontación patronos-trabajadores que me ha transportado a las actas de la Comisión de Reformas Sociales, que a finales del XIX recogía los testimonios de obreros e industriales en su intento de dar solución a la llamada «cuestión social» desde la intervención pública.

Unos identifican accidentes con codicia y abuso empresarial, mientras otros exhiben normas aprobadas cuya eficacia es evidentemente insuficiente. Mal vamos.

Si algo nos ha enseñado la evolución de la siniestralidad en los últimos veinte años es que las políticas públicas eficaces son las que se basan en el consenso y la corresponsabilidad de administración y organizaciones de empresarios y trabajadores. El avance fue notable mientras se mantuvo la inversión, del mismo modo que el retroceso es inevitable si se abandonan.

Resulta imprescindible que los gestores políticos crean que la prevención de riesgos es una inversión rentable en términos humanos y económicos. De lo contrario, seguiremos en un marasmo trufado de planteamientos contradictorios que dificulta seguir avanzando y nos devuelve a un pasado al que no queremos regresar.

Dejar un comentario

nombre

correo electrónico (no publicado)

sitio web