Tu navegador (Internet Explorer 7 o anterior) está obsoleto. Tiene fallas de seguridad y no puede mostrar todas las características de este y otros sitios web. Aprende a actualizar su navegador.

X

Navegar / buscar

El jardín de la financiación autonómica y sus consecuencias económicas y sociales

La difusión y arraigo de la Responsabilidad Social en empresas y organizaciones deviene en territorios socialmente responsables, espacios en los que existe un compromiso compartido por las diferentes partes interesadas en pos de la mejora económica, social y ambiental, el desarrollo sostenible para la comunidad y en los que se generalizan conceptos como gobernanza, innovación, cohesión social, vertebración, integración, participación o transparencia.

La escala territorial que más decididamente apuesta por la responsabilidad social es la municipal, en la que un liderazgo político, uno del tipo bottom up -o una convergencia de ambos- puede lograr con relativo éxito promover un acuerdo en el que todos se benefician de los avances.

La complejidad administrativa de España no debería ser un obstáculo para lograr que el conjunto del Estado se transformara con el tiempo en un Territorio Socialmente Responsable. Se trata de una aspiración razonable y necesaria en el contexto de dificultades actual. El ir “más allá de la obligación legal” se muestra como una exigencia ética inexcusable para una mayoría creciente de la sociedad.

La carestía de recursos plantea la necesidad de priorizar y afinar en cada decisión para que la sostenibilidad del sistema no se vea comprometida. Así, cada administración está realizando un ejercicio de adelgazamiento para lograr cumplir con las obligaciones de su competencia dentro de unas cuentas equilibradas. Los datos sobre el mayor o menor éxito de cada territorio en alcanzar este objetivo ponen de relieve diferencias notables en al menos dos ámbitos: por un lado en el nivel de prestaciones que es capaz de mantener cada una y por otro en la magnitud de la contención del gasto.

A la vista de los números, el debate político patrio reproduce la dialéctica Alemania-España en la escala nacional: los que cumplen mejor exigen mayor sacrificio a los que cumplen peor y les dan lecciones por encima del hombro, mientras que los ciudadanos de las regiones con problemas sufren las consecuencias: menores servicios públicos y mayor desamparo.

La financiación autonómica en España adolece de una notable falta de trasparencia, pues al parecer su naturaleza original de pacto político no admite variaciones (algo semejante a lo que sucede con los acuerdos de repartos de poder europeos). Lo malo es que este modelo ha devenido en un reparto de las cargas que no se orienta a los derechos ciudadanos y produce desequilibrios en lugar de contribuir a subsanarlos. No estaría de más repensar las asimetrías, ya que de lo contrario algunos territorios no tienen opción. Si aspiramos a que España se vertebre como territorio socialmente responsable, hemos de poder ofrecer respuestas justas a ciudadanos iguales. El caso de la Comunidad Valenciana es paradigmático. Además de ser reconocida por sus casos de corrupción, los problemas de financiación que arrastra mantienen una realidad de colapso que parece no tener solución. Lo primero está en manos de los jueces, pero de lo segundo no se ocupa nadie.

A mi entender no es concebible que se mantenga la realidad económica que resume muy bien el profesor Andrés Boix:

  1. La Comunidad Valenciana es la peor financiada de España (1.900€/habitante en 2009, 200€ menos que la media de España y 600 menos que la mejor financiada)
  2. La Comunidad Valenciana (10,8% de la población de España y 9,8% del PIB) recibió en el periodo 2009-2011 apenas el 4,87% de las inversiones del Estado, cifra que en ningún caso ha llegado al 7% en los últimos 12 años.
  3. Las inversiones territorializadas son menores que las aportaciones realizadas por los valencianos y son responsables de un déficit del 6% en la Comunidad, lo que le lleva necesariamente a un desequilibrio estructural.

Con un 33% menos de recursos hay que atender las mismas necesidades que en otros territorios del Estado. Es inaudito que los mecanismos de compensación interterritorial estén dando lugar a que una comunidad con una renta menor que la media haya de ser contribuyente neto y perciba mucha menos financiación de la que le correspondería. El agujero, lejos de taparse, cada vez es más profundo.

Dejar un comentario

nombre

correo electrónico (no publicado)

sitio web