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¡Que alguien nos proteja de la discapacidad!

Está visto que en esto de normalizar

 la discapacidad vamos un pasito para adelante y un pasito para atrás. Ahora se le ha ocurrido intervenir a la DGT, y no se trata de la Dirección General de Trabajo para mejorar el cumplimiento de la LISMI. Se trata de la Dirección General de Tráfico y tampoco lo hace para facilitar la vida de las personas con discapacidad, sino para proteger a la ciudadanía de las personas que necesitan la ayuda de un vehículo motorizado para sus desplazamientos habituales.

Parece una broma, pero no lo es. La instrucción 16/V-124 de la Subdirección General de Gestión de la Movilidad de la Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, se dedica a librarnos de los riesgos que, para la seguridad vial, entrañan los vehículos de movilidad personal (VMP). Según este documento, el lugar natural por el que deben circular esta suerte de artefactos no es otro que la calzada, salvo que disponga lo contrario el municipio en cuestión.

Y no es que no existan problemas derivados de un uso inapropiado de estos VMP, que los hay, pero no alcanzo a entender que la solución pase por la segregación de quien se ve obligado a recurrir a estas ayudas para moverse con libertad. Una sociedad inclusiva pasa por favorecer la convivencia de quienes se mueven caminando y quienes lo hacen auxiliados por estos benditos ingenios, no por castigar a los diferentes para proteger a los normales. ¿Han pensado que una persona con movilidad reducida también tiene derecho a pasear con su pareja o sus hijos?

Desafortunadamente estamos acostumbrados a este tipo de medidas. Es común castigar a la gente de bien por el abuso de algunos. Como un imprudente quemó el bosque en Guadalajara hace unos años, el resto tiene prohibido hacer barbacoas en verano; como algunos hicieron mal uso de las subvenciones para enriquecerse, acabamos con las subvenciones; como algunos no pagan IVA, subimos el tipo a todos para alcanzar la recaudación necesaria. A falta de soluciones, ponemos parches.

Menos mal que en España las normas generalmente se incumplen sistemáticamente y en la práctica nada o muy poco habrá de cambiar al respecto, pero parece que en lugar de avanzar, retrocedemos.

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