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¿Responsabilidad social empresarial obligatoria?

Coincidiremos al afirmar que los valores que defiende la responsabilidad social empresarial son netamente positivos. Se trata de un concepto de desarrollo integral, que deja atrás el mero beneficio económico para comprender además la mejora social y medioambiental. La actividad de la empresa es generadora de empleo, progreso y bienestar en una relación simbiótica con la sociedad y entorno que la acogen.

El planteamiento puede parecer utópico, pero en todo caso abre la puerta a mejorar la relación entre las empresas y la ciudadanía a partir del reconocimiento mutuo más allá de la relación productor-consumidor. El hecho de que las empresas sean responsables de los impactos que generan amplía la perspectiva e invita a ser ambiciosos en expectativas.

El avance por parte de las empresas en la integración de criterios sociales y ambientales, de la adopción de criterios éticos o de transparencia ha de ser saludado como la plasmación práctica de la compatibilidad de la RSE con la obtención del reconocimiento del mercado, un público en evolución, sensible a determinados principios y dispuesto a premiar a unos y castigar a otros.

Los poderes públicos son responsables de trazar los límites y condiciones en los que el negocio ha de desarrollarse, de forma compatible con los intereses de los ciudadanos. Por ello promulga normas de obligado cumplimiento a la vez que promueve cambios culturales a través de acciones de sensibilización, información o formación. A este respecto, parece razonable llamar la atención de las empresas sobre la oportunidad de incorporar de RSE a los negocios para resultar más competitivos.

Lo que no puede llegar a suceder es que la RSE se convierta en una obligación directa o indirecta. Recuérdese que se trata de ir más allá del cumplimiento legal. Si surge esta forma de enfocar los negocios es por la necesidad de aplicar principios éticos que van más lejos. La responsabilidad social está llena de intangibles que cada empresa ha de administrar, filtrar y disponer en base a su propio modelo. De poco sirve sistematizar miméticamente. La propia ISO 26000 advierte de la imposibilidad de certificar la RSE, e insiste en los fines y no en una metodología única. No se trata de eso. La normativa puede castigar los comportamientos que lesionen derechos o intereses, el sistema fiscal puede contemplar impuestos destinados a dotar un fondo para causas justas, pero carece de sentido promulgar una ley que obligue a ciudadanos o empresas a ser bondadosos o filántropos.

A pesar de ello, la actuación de algunos gobiernos en los diferentes niveles está deviniendo en la creación de sellos y certificaciones que acreditan el cumplimiento de estándares al tiempo que premian su consecución con ventajas competitivas en contratos públicos. A mi juicio este proceder, lejos de conseguir el objetivo de generalizar los principios de la RSE, puede acabar banalizando el concepto y sometiendo la amplitud y ambición de la sostenibilidad a un corsé que lo constriña y reduzca a una obligación más de cumplimiento: cumplo y miento. Cuando eso llegue deberemos generar un nuevo desarrollo conceptual que diferencie lo auténtico de lo meramente formal. Y volveremos a empezar una vez más para nunca acabar. No malgastemos esta oportunidad con un intervencionismo tan bienintencionado como inútil. Opino.

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