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¿Integrar la prevención es asumir la actividad preventiva?

A estas alturas, resulta demagógico pretender que la integración de la prevención en la empresa se ha de identificar con la necesaria asunción de la actividad preventiva por parte del empresario o trabajadores designados.

El Congreso, en c

oncreto su Comisión de Empleo y Seguridad Social, llevó hace menos de un mes un debate sobre esta cuestión a cuenta de una proposición no de ley presentada por el PSOE. Esta iniciativa insta al Gobierno a modificar la legislación para potenciar los medios propios frente a los servicios de prevención ajenos. Las intervenciones a este respecto, a mi modo de ver, cayeron en el maniqueísmo. Las posiciones de nuestros representantes fueron desde una escorada atribución de todos los males a una equivocada e interesada acción de gobierno contra los trabajadores al negacionismo de otros ─todo está bien─ e incluso a identificar el problema en la inapropiada localización geográfica de la toma de decisiones. Es justo decir que también hubo intervenciones más ponderadas y que, en prácticamente todos los casos, se apelaba a la necesidad de dotar de mayor protección a la seguridad y salud de los trabajadores.

Las buenas intenciones, por el contrario, no evitan accidentes ni enfermedades profesionales. En esencia, el marco normativo sobre prevención de riesgos laborales no ha cambiado desde 2004 en lo tocante a obligaciones empresariales y la forma de cumplirlas. Pero mientras que hasta hace un par de años la siniestralidad (índices de incidencia) descendía, ahora aumenta. Sí ha habido no obstante importantes variaciones (a la baja) en la inversión pública en esta materia, sobre todo en las comunidades autónomas y también ha variado la propiedad de una buena parte de los servicios de prevención a consecuencia de la ley de mutuas. También el empleo se ha reactivado, con nuevos trabajadores en nuevos puestos, al tiempo que el sector de la construcción ha comenzado a salir de su obligado letargo.

Desde mi punto de vista, está más que probada la compatibilidad de recurrir a servicios de prevención ajenos con una adecuada integración en la empresa de la seguridad y salud. Al menos, tengo por seguro que la ecuación que combina conocimiento externo y compromiso interno es más eficiente que la que se queda con buena voluntad pero sin conocimiento suficiente ni tiempo material. Eso sí, sigue siendo imprescindible alimentar la llama de la cultura preventiva, que en los últimos tiempos se está quedando sin combustible, y a ese respecto, la mejor receta es poner dinero encima de la mesa, creerse aquello de que invertir en prevención es rentable. Ya funcionó.

La inversión pública en prevención de riesgos laborales es necesaria

 

El pasado 11 de abril, se presentó en el Congreso una proposición no de ley que fue aprobada el 26 de abril por la Comisión de Empleo y Seguridad Social. El texto es breve y con una argumentación sencilla: se insta al Gobierno (se entiende que al que se forme tras las elecciones de 26 de junio) a que incremente los recursos presupuestarios para dedicarlos a la Prevención de Riesgos Laborales, poniendo especial énfasis en las causas que los propician y, en la prevención de los siniestros graves y letales. También a incrementar las partidas dedicadas a planes de prevención en los sectores productivos de alto riesgo y por último a incrementar las plantillas de inspectores e inspectoras de trabajo para aproximarlo a la media de la UE. La motivación se refiere al incremento de la siniestralidad laboral y con la reducción de recursos públicos destinados a prevención de riesgos laborales.

Los que nos dedicamos a la seguridad y salud en el trabajo, somos conocedores de ambas realidades, la siniestralidad laboral crece y los recursos públicos destinados a esta cuestión se han visto notablemente mermados desde el comienzo de la crisis. La relación entre ambos fenómenos no es casual, desde mi punto de vista, sino que una cosa trajo la otra o, al menos, la favoreció sensiblemente.

El debate en la Comisión parlamentaria concluyó con la aprobación de la proposición no de ley, pero merece la pena detenerse en el diario de sesiones del Congreso y leer con atención las intervenciones de sus señorías. Me llama la atención y me preocupa a un tiempo la manera de enfocar la seguridad y salud en el trabajo de nuestros representantes, recuperando una dialéctica de confrontación patronos-trabajadores que me ha transportado a las actas de la Comisión de Reformas Sociales, que a finales del XIX recogía los testimonios de obreros e industriales en su intento de dar solución a la llamada «cuestión social» desde la intervención pública.

Unos identifican accidentes con codicia y abuso empresarial, mientras otros exhiben normas aprobadas cuya eficacia es evidentemente insuficiente. Mal vamos.

Si algo nos ha enseñado la evolución de la siniestralidad en los últimos veinte años es que las políticas públicas eficaces son las que se basan en el consenso y la corresponsabilidad de administración y organizaciones de empresarios y trabajadores. El avance fue notable mientras se mantuvo la inversión, del mismo modo que el retroceso es inevitable si se abandonan.

Resulta imprescindible que los gestores políticos crean que la prevención de riesgos es una inversión rentable en términos humanos y económicos. De lo contrario, seguiremos en un marasmo trufado de planteamientos contradictorios que dificulta seguir avanzando y nos devuelve a un pasado al que no queremos regresar.